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¿Por qué las Cooperativas deben implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

En la década de los 90 el Perú comienza a fortalecer y mejorar los procesos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego en el transcurrir de los años se han publicado resoluciones y normativas complementarias; como la Resolución SBS N° 904-97 “Reglamento para la Prevención del Lavado de Dinero en el Sistema Financiero”, publicada el 30 de diciembre de 1997; posteriormente mediante la Ley N° 27693 del 11 de abril del 2001 se crea la Unidad Inteligencia Financiera del Perú, con la finalidad de ir adecuándonos a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF –Perú), adscrita al Ministerio de Justicia, y encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de LA/FT, para que posteriormente en junio de 2007, con la Ley N° 29038, se resuelve la incorporación de la UIF –Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y la obligación de implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), por parte de los sujetos obligados a informar en materia de LA/FT.

A raíz de la incorporación de la UIF-Perú a la Superintendencia, era indispensable modificar la Resolución SBS Nº479-2007 con el objetivo de continuar fortaleciendo el SPLAFT, y el 28 de marzo de 2008 se publica la Resolución SBS N° 838-2008 Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, la que es derogada por el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Resolución SBS N° 2660-2015 de fecha 14 de mayo de 2015, con este nuevo marco normativo las empresas deben implementar un sistema de prevención del LA/FT con componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos. El componente de cumplimiento se encuentra conformado por las políticas y procedimientos establecidos por las empresas en el marco de la Ley, el Reglamento de la Ley, la Ley General en lo que corresponda, el Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, así como las medidas establecidas por la empresa para garantizar el deber de reserva indeterminado de la información relacionada al sistema de prevención del LA/FT. El componente de gestión de riesgos de LA/FT comprende, entre otros procedimientos y controles detallados en el Reglamento, aquellos vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con la finalidad de evitar ser utilizadas con fines vinculados con el LA/FT.

Es responsabilidad del Directorio y Gerente General u órganos equivalentes de las instituciones, implementar dicho sistema en las organizaciones que representen.

¿Quiénes son estos sujetos obligados?

No son más que las personas naturales y jurídicas: principalmente las empresas del sistema financiero y de seguros; las cooperativas de ahorro y crédito; las empresas mineras, las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, las que se dedican al envío de remesas y/o giros postales; las empresas de préstamo y empeño; las sociedades agentes de bolsa; las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales; las que se dedican a la compraventa de divisas; a la explotación de juegos de lotería y similares; los hipódromos y sus agencias; los agentes de aduana; las sociedades intermediarias de valores; los consorcios; las empresas de compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves; las dedicadas a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria; los notarios, los gobiernos regionales y municipalidades provinciales.

¿Sanciones por incumplimiento?

La UIF-Perú, con el objeto de dar cumplimiento a la ley de LAFT, ha establecido sanciones para los sujetos obligados que  incumplan con la implementación del SPLA/FT, para tal efecto la SBS publicó la Resolución SBS No 8930-2012, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del LA/FT, cuyo Anexo I contiene las infracciones por las acciones u omisiones que configuren un incumplimiento de la obligación de implementar el SPLAFT. Las infracciones han sido clasificadas como leves, graves y muy graves, aplicándose las sanciones de amonestación y multa, pudiendo llegar ésta última hasta 100 UIT. La SBS publica en su página web por un periodo de dos (02) años las sanciones que impone y que han quedado firmes, período contado desde la fecha en que la resolución quedó firme.

Finalmente, debemos agregar que un eventual incumplimiento en la implementación del SPLAFT no sólo puede generar la imposición de multas y la imperativa implementación del SPLAFT, sino también una grave afectación reputacional del sujeto obligado cuyos costos económicos en algunos casos pueden ser mayores a los de la propia multa; sin perjuicio del alto riesgo de que sus representantes legales, directores y accionistas sean denunciados administrativa y judicialmente por no haber ejecutado las medidas que eviten o disminuyan el riesgo de que en sus empresas se produzcan actividades de LA/FT.

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